Las asociaciones del sector denuncian el agravio que supone que con sus aportaciones vía tasas y cánones se financien obras de otros puertos competidores
Todas las asociaciones empresariales de la Comunidad Portuaria: Asociación de Empresas Estibadoras de Barcelona; Asociación de Consignatarios de Barcelona; Asociación de Transitarios de Barcelona y Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona; Asociación Catalana de Empresas Portuarias; Asociación Catalana de Empresas de Remolcadores de Tráfico Interior y Exterior de Puertos de Barcelona y Provincia; la Asociación de Transportistas Empresarios de Contenedores (ATEC); la Cooperativa de Transportistas del Port (Cotraport); así como el sindicato de trabajadores portuarios OEPB-Coordinadora han manifestado su oposición frontal a la decisión del Ministerio de Fomento de crear un Fondo de Accesibilidad Portuario que establezca que con los recursos provenientes de los puertos se financiará la construcción de accesos viarios y ferroviarios de otros puertos por un importe de 100 millones de euros.
Las instituciones consideran que esta iniciativa coarta gravemente la capacidad de invertir del Port de Barcelona en el futuro. “En los últimos años de crisis económica las empresas hemos hecho un esfuerzo muy importante reduciendo nuestros precios y nuestros márgenes e invirtiendo en nuestro puerto en los últimos años una cifra de 2.000 millones de euros.
Ahora que se intuye un cambio de tendencia económica, nuestro esfuerzo se vuelve en nuestra contra y a favor de nuestros competidores. Es una perversidad que el dinero que aportamos las empresas al Port vía tasas o vía canon de concesión vayan a parar a un fondo que financie obras en otros puertos que beneficiarán a otros concesionarios que son competidores directos nuestros”, han afirmado los miembros de la Comunidad Portuaria.
“Con esta medida se desvirtúa el espíritu de la Ley de Puertos de 1996 que otorgaba cierta autonomía a los puertos (especialmente en el ámbito económico y financiero) y que se ha ido modificando los últimos años con un sesgo recentralizador y de control que atenta contra la autonomía de gestión”, opinan los empresarios.
“En el caso hipotético que se apruebe definitivamente este Fondo, las asociaciones defenderemos nuestros intereses en los órganos correspondientes, llegando si fuera necesario al Tribunal de la Competencia Europeo”.
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